Programa

Debemos escribir una Nueva Constitución en la que el Estado proteja y cuide activamente a las personas y al medioambiente. El Estado debe ser activo en acortar las brechas que separan a quienes viven en Chile. Es decir, debe ser activo en atacar las desigualdades económicas, de acceso a derechos y vida digna, pasando de un modelo subsidiario de Estado a uno que cuide, proteja y garantice derechos. 

Debe hacerse cargo además de las desigualdades de poder, propiciando su distribución equitativa, pasando de una democracia representativa a una participativa. 

Un país en el que todas y todos valemos lo mismo es un país más cohesionado socialmente, próspero, digno y feliz.

1. Desigualdad de Poder

  1. “Despresidencializar” el sistema político.
    1. Sistema de gobierno semipresidencial.
    2. Más autonomía al Congreso.
    3. No más derecho a veto para el o la presidenta.
  2. Funcionamiento más efectivo y eficiente del Poder Legislativo (Congreso Unicameral o Bicameral con funciones claras).
  3. No más Tribunal Constitucional como lo conocemos.
    1. Modificar la forma de nombramiento de miembros, eliminar el control preventivo de las leyes, o;
    2. Eliminar el Tribunal Constitucional, radicando el control de la constitucionalidad de las leyes en la Corte Suprema.
  4. Mayores estándares de descentralización regional, provincial y comunal, estableciendo las bases necesarias para mayores poderes de decisión de los órganos de gobierno regionales, provinciales y municipales, en cuanto a políticas públicas y presupuestarias y que tomen en consideración sus diferencias culturales y ecosistémicas.
  1. Iniciativa Popular de Ley
  2. Consultas y plebiscitos nivel nacional y local.
  3. Mayor control de las y los representantes populares:
    1. Mecanismos de rendición de cuenta en territorios
    2. Referéndum revocatorio.
  4. “Defensoría del Pueblo”, organismo autónomo y con patrimonio propio, que promueva y proteja los derechos fundamentales.
  5. Establecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse libremente, ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.  Esto sin perjuicio del reconocimiento de la responsabilidad primordial a las madres, padres o tutores por su crianza y desarrollo.

2. Desigualdad económica, derechos y vida digna

  1. Paridad en todos los órganos de representación y toma de decisiones.
  2. Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, consagrando al menos las bases para:
    1. Despenalización del aborto/Legalización del mismo.
    2. Derecho al acceso a métodos anticonceptivos.
    3. Derecho a la Educación Sexual Integral (ESI).
  3. Principio de corresponsabilidad parental.
  4. Reconocimiento del trabajo no remunerado (doméstico).
  5. Reconocimiento de las labores de cuidado, así como protección a quienes las ejercen y a quienes las reciben.
  6. Derecho a la igualdad y no discriminación, independiente de su identidad y expresión de género, y orientación sexual, características sexuales, vínculos afectivos, etc. De esta manera, con eso se establecen las bases, por ejemplo, para promover posteriormente el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.
  7. Derecho a la Identidad de Género.
  1. Renta Básica Universal.
  2. Principios para la libre iniciativa económica:
    1. Toda actividad económica debe generar trabajo digno.
    2. Toda actividad económica debe tener en consideración aspectos ecológicos, climáticos y de justicia ambiental
    3. El Estado deberá velar para que las empresas privadas estén orientadas a ofrecer empleos dignos a sus trabajadores, estableciendo la regulación al efecto.
    4. El Estado deberá propiciar la capacitación y readaptación profesional de las personas en el marco del progreso tecnológico y las necesidades productivas del país.
  3. Promover condiciones favorables para el desarrollo social y económico de las personas y para una distribución justa, digna y equitativa de la riqueza, orientando las políticas públicas a la redistribución y el pleno empleo.
  4. La organización tributaria del país se regirá por principios de generalidad, progresividad, eficiencia y equidad. Debe considerar la promoción del empleo, la innovación, la producción de bienes y servicios, así como principios ecológicos y climáticos.
  5. Mayor autonomía presupuestaria a nivel regional y comunal y solidaridad entres estas.
  6. Estado Emprendedor: establecer las bases constitucionales para permitir y promover la participación del Estado en la economía en ámbitos estratégicos.
  1. Establecer derechos de la Naturaleza.
  2. Establecer el Derecho Humano al Agua.
  3. Principios ambientales precautorios, de acceso a la información, de justicia ambiental y justicia intergeneracional.
  4. Asegurar la participación de las comunidades afectadas por proyectos ambientales.
  5. Deber del Estado de conservar, restaurar y proteger los distintos ecosistemas, y de distribuir debidamente las cargas ambientales.
  6. Incorporar a la “Defensoría del Pueblo” facultades para interponer acciones ambientales. 
  7. Reconocimiento de los animales como seres sintientes. 
  1. Reconocer a la Educación como un derecho, debiendo el Estado garantizar el acceso y provisión de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista e intercultural, en todos los niveles, de manera que se aseguren trayectorias educativas que respondan a las necesidades y demandas de formación de las personas durante toda su vida.
  2. Se deben respetar los proyectos alternativos de educación en armonía y complementariedad con la educación pública, la que debe ser priorizada. La libertad de enseñanza no debe ser entendida como libertad de empresa. 
  3. No más lucro: Establecer explícitamente que la provisión de servicios educacionales no podrá estar supeditado a criterios de mercado sino a su carácter de derecho social.
  1. Garantizar el Derecho a la Salud para todas las personas.
  2. Garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Este derecho incluirá la atención integral de salud, salud sexual, salud reproductiva y salud mental.
  3. Asegurar la participación ciudadana, de carácter vinculante, para la toma de decisiones, evaluación y rendición de cuentas en ámbitos de la salud.
  4. Establecer explícitamente que la provisión de prestaciones de salud no podrá estar supeditado a criterios de mercado sino a su carácter de derecho social. Esto permitirá establecer las bases constitucionales para un Seguro Nacional de Salud.
  1. Garantizar el derecho irrenunciable de todas las personas a la seguridad social. La seguridad social contemplará las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y todas aquellas que se definan por ley. Este Derecho será irrenunciable para todas las personas, y se basará en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, tanto intrageneracional como intergeneracional
  2. Este derecho se asegurará también a las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado, considerando principios de solidaridad y progresividad.
  3. Garantizar la suficiencia económica de las personas durante la vejez y su bienestar a través de servicios sociales en temas de salud, vivienda y ocio.
  4. Se creará un Consejo Administrador de Pensiones, el cual deberá administrar los fondos de las cuentas individuales y cuentas nacionales.
  1. Garantizar el Derecho a la Vivienda adecuada y Ciudad digna (o hábitat), que garantice a la vez el acceso a los servicios básicos y a los bienes naturales comunes.
  2. El Estado tendrá el deber de velar por que el uso social del suelo, teniendo un derecho preferente en su compra, con el fin de generar ciudades integradas. 
  3. Se deberá tomar en cuenta la crisis climática en la generación de barrios, ciudades y sistemas de movilización.
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